
Por considerar que esas expresiones afectaron su honor, reputación e imagen pública, el exedil inició además una acción civil por daños y perjuicios, mediante la cual reclama una indemnización de 80 millones de pesos.
La denuncia incorpora notas periodísticas y extractos de entrevistas difundidas en diversos medios provinciales. Además, Risueño argumenta que la gravedad de las acusaciones se ve incrementada por la investidura institucional de quien las emitió.
Las actuaciones buscan que tanto el reclamo penal como el civil sean analizados en un mismo proceso judicial. Hasta el momento, no se conoció una resolución sobre el planteo presentado por el exconcejal.
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