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La Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ordenó ejecutar la totalidad de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad para recuperar un monto de $684.990.350.139,86. Esta cifra corresponde al total que los acusados deben pagar y supera ampliamente el decomiso inicial, que había sido fijado en $84.835.227.378,04. La actualización se realizó tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes validaron la metodología aplicada.
Entre los bienes a ejecutar se encuentran inmuebles registrados a nombre de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Además, se prevé extender la medida a los bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de ser necesario para cubrir el monto fijado.
Destacan inmuebles ubicados en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, adquiridos en 2007 y con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. También se incluyen diez unidades en la calle Mitre al 500, de Río Gallegos, cedidas a Máximo y Florencia Kirchner y adquiridas en el mismo año, así como propiedades adicionales en esa ciudad, como un inmueble en 25 de Mayo al 200 (adquirido en 2010) y otro en Presidente Néstor Kirchner al 400 (adquirido en 2006).
Dentro del mismo departamento, la justicia ordenó la ejecución de terrenos de gran extensión, adquiridos en 2007 y 2008, en las cercanías de El Calafate. Entre ellos, se encuentra el terreno donde se construyó el complejo hotelero Los Sauces, parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para dicho proyecto, que se amplió con parcelas adyacentes adquiridas en 2007. Asimismo, se incluyen dos propiedades de gran valor catastral, una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas incorporadas en 2007.
La evolución del patrimonio de Cristina Kirchner y su grupo familiar fue reconstruida por Infobae, basándose en declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y considerando períodos de alta inflación. En 2003, al asumir Néstor Kirchner la presidencia, declararon un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, además de dos plazos fijos por $1,2 millones y USD 1,6 millones. Estas cifras reflejan operaciones y adquisiciones realizadas en años de dictadura y períodos posteriores, vinculadas a la labor profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.
El patrimonio creció considerablemente durante los años siguientes. En 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos superaban los $25,5 millones, incluyendo 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, con un aumento significativo en la superficie patrimonial. Se adquirieron múltiples lotes en El Calafate a valores considerados marginales, y en uno de ellos se edificó el hotel boutique Los Sauces, gestionado por Austral Construcciones.
La familia también constituyó sociedades, como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y gestión de bienes. En 2008, los activos ascendieron a $47,3 millones tras la compra de un inmueble de 16.189 m², que luego se convirtió en el hotel Las Dunas.
Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, Máximo y Florencia Kirchner se incorporaron como herederos directos de una parte sustancial del patrimonio familiar. Para 2011, en el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio neto declarado era de $37,7 millones, con 26 propiedades en posesión. En 2015, último año de su gestión, los activos informados alcanzaron casi $72,2 millones, con un notable aumento en los fondos bancarios.
En 2016, Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, y acciones en empresas familiares, por un total de $74 millones. Esta transferencia se llevó a cabo en medio del avance de causas judiciales por corrupción, pocos días antes de que se dispusieran inhibiciones sobre sus bienes.
Según Infobae, esta acción respondió a la presión de procesos judiciales como los casos “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, que culminaron en embargos preventivos y procesamientos contra la ex presidenta y sus hijos.
